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tabaco y los estados
"Alguaciles de la
Justicia impondrán cepo o picota a todo aquel campesino,
menesteroso o caballero que fuese sorprendido inhalando o
expeliendo humos producidos por la planta conocida como nicotiana
tabacum proveniente de las Indias Occidentales". El bando, tan
severo como estéril, perteneció a Felipe III, empeñoso monarca que
procuraba defender la salud de sus súbditos aún en contra de sus
propias inclinaciones. Más severos en esa vana empresa fueron los
otomanos, que por la misma época, en 1693, instituyeron la pena de
muerte para los fumadores. Pocos años más tarde, en 1710, Pedro el
Grande, empecinado en que Rusia se asemejara a Occidente, adoptó
la posición inversa: estimuló a los miembros de la corte al uso
del tabaco, para imitar la costumbre ya irrefrenable de las
naciones del oeste.
Eran aquellos los tiempos del absolutismo monárquico, en que la
autoridad del soberano provenía de Dios y no estaba sujeta al
control de los súbditos. Los monarcas podían disponer de la vida y
la libertad de aquellos; incluso prohibir que el vicio se
instalara en la sociedad o como en Rusia, estimular a que se
adquiriera. Pero no pudieron tapar el cielo con un cedazo e
impedir que el hábito se impusiera, aun a pesar de las amenazas.
Cinco siglos después de que Colón llevara el tabaco a Europa, las
marcas más famosas del mundo patrocinan las carreras de Fórmula 1
y sugestivos spots televisivos muestran deslumbrantes señoritas en
competencias sofisticadas, solícitas con deportistas triunfadores.
Las fábricas se han ingeniado para que sus emblemas se
identifiquen con el éxito deportivo, exactamente al revés de lo
que se consigue "inhalando o expeliendo humos", como se decía en
tiempos de Felipe III. Tanto como para salvar la conciencia, los
gobiernos han logrado una disposición complaciente: después de una
publicidad arrobadora, que tienta al usuario con el arte de la
seducción, aparece con antipática sobriedad una leyenda
aguafiestas: "Fumar es nocivo para la salud". Un mensaje casi
repugnante en comparación con las imágenes previas. Los datos de
que se dispone son escalofriantes. En nuestro país el 32% de los
mayores de 18 años ha adquirido el vicio de fumar, pero se sabe
que cada año es menor la edad promedio de ingreso a ese circuito y
se estima en más de tres millones y medio el número de personas
que consumen cigarrillos. Pero aún cuando todo el poder del Estado
pueda resultar insuficiente para frenar el consumo, los gobiernos
en todo el mundo no permanecen de brazos cruzados. La Argentina,
junto a 192 países, participó de un "Convenio marco para el
control del tabaco", que prevé la asignación de fondos y
asesoramiento para reconvertir zonas de cultivo de tabaco, ejercer
docencia, brindar asistencia técnica. Ese convenio ingresó en la
Cámara de Diputados en el año 2004 y debía ser ratificado por el
Congreso antes del 18 de noviembre último. Por desgracia el
trámite durmió en los cajones de la indiferencia, venció el plazo
y nuestro país ingresó en la penosa lista de naciones negligentes
con la salud del pueblo.
¿Habrá sido por una cuestión económica, para no perder los
ingresos fiscales que produce el impuesto a los cigarrillos?
Pareciera que no. Sin perjuicio de que la salud vale mucho más que
el dinero recaudado, se estiman en 3.700 millones de pesos los
ingresos, pero el tratamiento asistencial de las afecciones
vinculadas al tabaco cuesta 6.645 millones. Tal vez no se sepa
nunca por qué una iniciativa tan importante, que sólo traía
beneficios, fue cajoneada por la cámara. ¿Pero quién supone que
Bonasso y compañía se preocupan por el pueblo? Su función es la de
burlar la democracia, impedir que ingresen diputados que le
resultan hostiles, allanar el camino del transfuguismo o
convalidar la burla a los electores con una embajada. Pensar lo
contrario equivale a ser tan ingenuo como Felipe III.
Fuente: La Prensa (Argentina)
http://www.laprensa.com.ar/secciones/nota.asp?ed=1911&tp=11&no=62523
