Una de las estrategias que las tabacaleras emplean para impedir el aumento del precio de sus productos ha sido el  remanido "discurso" de que ello llevaría al aumento del contrabando y ello a su vez a la disminución de los ingresos fiscales. No se discute que este es uno de los elementos que juegan a favor del comercio ilegal del tabaco. Pero hay infinidad de argumentos que el contrabando ha sido una de las actividades a las que se dedicó la industria, porque necesita que los precios se mantengan dentro de límites aceptables para la sociedad en la que se comercializan. Ello conduce a que los que menos ingresos poseen (los chicos de hogares pobres o no tanto), puedan acceder al primer contacto con el cigarrillo, sabiendo los fabricantes que en poco tiempo se convertirán en "clientes forzosos", por la adicción que generarán. Para evitar el contrabando, además de un riguroso control aduanero, es necesario implementar políticas impositivas sobre esos productos, consensuadas entre los países limítrofes a fin de desalentar dichas prácticas. Por ejemplo, en este momento hay diferencias notables en los precios de los cigarrillos, entre algunos países de Europa y entre nosotros, es sabida la menor imposición que tienen los cigarrillos en el Paraguay. Algunos gobiernos, sabiendo que dichas prácticas suelen ser llevadas a cabo por las multinacionales, por acción u omisión, han hecho reclamos frente a la justicia. Se estima que, según los países, el contrabando permite el ingreso del 20% de los cigarrillos consumidos. Deberían efectuarse monitoreos de las rutas que siguen los cigarrillos que se exportan de un país a otro, sabiendo que en muchos casos, al salir sin impuestos desde el origen, vuelven al país exportador con el consiguiente perjuicio fiscal para el mismo.

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